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7 de febrero de 2009

PROTECCION Y MANEJO DEL BOSQUE NATIVO


Como es sabido, recientemente se promulgó la ley de bosque nativo después de 16 años de tramitación en el Congreso. Al respecto, muchas esperanzas de parte de los posibles beneficiados se han centrado en este cuerpo legal, cuyo objetivo central es la protección, recuperación y manejo forestal de este recurso.

La ley, entre sus articulados, define qué se entiende por bosque nativo y lo categoriza de acuerdo a sus posibles usos (siendo éstos principalmente de protección o de uso múltiple para la obtención de bienes y servicios). De igual modo, intenta beneficiar en especial al pequeño propietario (aspecto que compartimos todos los actores sectoriales), al otorgarle la mitad de los montos a bonificar a través de un sistema de Concurso. La otra mitad se deberá repartir entre las medianas y grandes empresas.

Si bien, la necesidad de una Ley para proteger y manejar el bosque nativo era un sentir compartido por toda la sociedad chilena, para los que nos involucramos en este desafío, era claro que la Ley es una cosa y otra su implementación (sus reglamentos y bonificaciones), reconociendo que esta última sería la que verdaderamente gatillaría un efecto real sobre el bosque, en sus propietarios y en el desarrollo de las regiones.

Al respecto, lamentablemente la implementación de esta Ley ha ido teniendo progresivamente tropiezos. En primer lugar, sus Reglamentos, cuyo propósito es dar funcionalidad a la ley, adolecen de serias imperfecciones técnicas, unido a una falta de consideración de las distintas realidades y condiciones que presentan los bosques nativos en nuestro país de acuerdo a su localización geográfica.

Por otra parte, en forma innovadora, la Ley contempló la creación de un Consejo Consultivo, integrado por la diversidad de actores que representan legítimamente al sector, con el objetivo de sociabilizar los contenidos de los Reglamentos y recibir los respectivos aportes. Esto, no pasó de ser sólo una buena intención, dado que por ejemplo, la publicación de la Tabla de Valores que determina las bonificaciones que se pagarán para las distintas actividades en el bosque nativo, no tuvo ninguna consulta previa a este Consejo Consultivo.

Lo anterior, no permitió haber dado una oportunidad a los integrantes del Consejo de advertir al Ejecutivo lo poco realista de la propuesta, lo que hoy provoca un total rechazo, que es compartido por todos los actores sectoriales (ONG, Asociaciones Campesinas de Pequeños Propietarios, Gremios, Universidades, profesionales).

De la lectura de lo que se quiere bonificar, la Tabla deja claro que se centra primeramente sólo en los bosques jóvenes, es decir, renovales y éstos, principalmente en la etapa juvenil, dejando fuera a los bosques degradados y a los bosques adultos que representan al menos sobre el 60 % de la superficie de los bosques nativos, esto atenta contra unos de los objetivos definidos en la Ley como es la recuperación y manejo.

Además de la errada identificación de las actividades y los costos respectivos asignados, la Tabla no contempla un costo para la asesoría profesional que requerirán los pequeños campesinos forestales, tal como en el DL 701, como tampoco para la administración de los bosques en manejo, en especial para las actividades referidas a la recuperación de los bosques degradados.

Continuando con el tema de los recursos financieros, aspecto que es relevante para abordar el desafío del manejo del bosque nativo y de las gestiones administrativas que se deberán realizar para optar a los beneficios de la Ley, tampoco dan cuenta de la precaria situación económica y baja capacidad de gestión en que se encuentran los principales propietarios del bosque nativo.

Como ejemplo, para optar a los Fondos Concursables, el propietario debe hacer el Proyecto de Concurso, una vez adjudicado, debe presentar un Plan de Manejo y si éste es aprobado, obtiene la acreditación final. Todo este procedimiento significará recursos previos de parte del propietario, no contemplados en los aportes de la Ley, como tampoco el apoyo financiero de parte de las entidades bancarias, a través de un crédito de enlace.

Unido a lo anterior, está demás detallar la burocracia que acompañará a toda la gestión administrativa comentada anteriormente. Con todo lo expresado, cabe preguntarnos ¿Tenemos realmente una Ley para incentivar la protección y manejo del Bosque Nativo?



José Carter Reyes
Presidente
Corma Región Los Ríos – Los Lagos

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